V Encuentro

DECLARACIÓN DEL V ENCUENTRO DE LA MESA AMPLIA NACIONAL DE PROFESORAS Y PROFESORES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS (MANPUP)

Las y los participantes del V Encuentro de la Mesa Amplia de Profesoras y Profesores de las Universidades Públicas (MANPUP), provenientes de varias sedes de siete universidades públicas, reunidas en la Universidad Nacional, Sede Bogotá, los días 1 y 2 de noviembre de 2019, presentamos a las comunidades universitarias y a la opinión pública las siguientes consideraciones y decisiones:

La MANPUN se conformó desde el movimiento por la educación superior de 2018, como un esfuerzo para construir una agenda común. Esta agenda se expresó en el “Decálogo por la educación superior”. A la hora de conformar la mesa de diálogo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), fue registrada, de manera restringida, como Mesa Nacional de Profesores de la Universidad Nacional.
La “Mesa de Diálogo para la construcción de acuerdos para la Educación Superior Pública” se conformó gracias a la presión del movimiento nacional por la educación superior realizado en el segundo semestre de 2018. Después de una intensa negociación, el 14 de diciembre se firmó el Acta de Acuerdo entre las plataformas estudiantiles y profesorales, y el gobierno nacional. Este Acuerdo estableció un conjunto de recursos y fuentes para fortalecer el financiamiento de las 62 instituciones de educación superior (IES) públicas y la inversión en ciencia tecnología e innovación (CTeI) para el cuatrienio. Al mismo tiempo, el Acuerdo definió garantías para quienes participaron en el movimiento e incluyó asuntos más estructurales relacionados con la formalización laboral del profesorado, la reforma del ICETEX, la valoración de las revistas científicas, la reforma del Sistema General de Regalías (SGR) y la reforma de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992. Estos temas, y otros de carácter estructural propuestos por las partes, deberían ser tratados por mesas técnicas para alimentar el debate en la Mesa de Diálogo y construir acuerdos sobre su orientación estratégica. Sin embargo, durante el año en curso, esta Mesa ha sido un escenario de información sobre las acciones que adelantan los representantes del gobierno nacional, sin que las propuestas presentadas por los demás actores fueran tenidas en cuenta.
Si bien el gobierno nacional ha cumplido parcialmente el Acuerdo con la destinación de los recursos acordados del Presupuesto General de la Nación (PGN) y del SGR para CTeI, incumplió lo establecido en los puntos 8 y 9 sobre los recursos de “saldos apropiados y no comprometidos”, dado que no fueron asignados en 2019 y hay serias dudas sobre su asignación en los siguientes años. Por su parte, el asunto de las garantías y los aspectos estructurales discutidos por las mesas técnicas avanzan en un sentido inverso a la orientación estratégica planteada por el movimiento.
Contrario a lo afirmado por el gobierno nacional, avalado por algunos rectores del Sistema de Universidades Estatales (SUE), sobre el pleno cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo y la falta de justificación de la movilización estudiantil de los 2 últimos días, consideramos que la protesta social, en general, y la estudiantil, en particular, tiene justificación y debe ser escuchada. Por lo tanto, rechazamos de manera enfática el uso de la fuerza pública que el gobierno ha impulsado, el cual, en varios casos, ha violado la autonomía universitaria con el ingreso del Esmad. Estas agresiones sistemáticas, así como la inoperancia de las medidas e instancias acordadas como garantías para estudiantes y profesores que se movilizaron en 2018, constituyen el mayor incumplimiento del Acuerdo firmado. Demandamos la garantía plena de los derechos humanos, entre ellos, el de la protesta social.
Sobre la destinación de los recursos adicionales que, como resultado del movimiento, ingresaron a la base presupuestal de las IES públicas, estos no han sido asignados para avanzar en la formalización laboral docente. La precarización laboral significa que más del 70% de los profesores y profesoras están siendo contratados bajo diferentes figuras (ocasionales, temporales, de vinculación especial, hora cátedra), que vulneran sus derechos laborales y desconocen las leyes y la jurisprudencia. Frente a este problema, el movimiento fue enfático en exigir programas de formalización laboral docente para acabar con las plantas paralelas, que además alimentan el clientelismo en muchas IES públicas. En esta dirección la Mesa de Diálogo no ha avanzado, y los rectores y rectoras de las IES públicas y el Gobierno Nacional no han mostrado interés en cumplir este compromiso.
Aunque se han recogido reivindicaciones puntuales de los deudores, el Gobierno se ha negado repetidamente a la reforma estructural del ICETEX que se había acordado. Si bien se han presentado iniciativas que pretenden eliminar el crédito educativo o bien convertirlo en un mecanismo de financiamiento público complementario, no vinculado al interés financiero que somete a las familias a deudas impagables, avanza la idea de
ajustar los servicios de esta “banca de segundo piso” en que se ha convertido el ICETEX, y se hacen propuestas de reglamentación de la ley 1911 de 2018 sobre Financiación Contingente al Ingreso (FCI). Este último mecanismo implica declarar la educación superior como un bien privado por el cual debe pagar el estudiante o su familia, para poner en sus hombros el financiamiento, por medio de un mecanismo parafiscal similar al de la seguridad social.
La reforma del SGR, que cursa en el Congreso de la República, pretende excluir cualquier definición de fondos específicos para la asignación de estos recursos que no vaya al incremento a las regiones productoras. Si bien se incluyó el fondo para CTeI, aún no se menciona la constitución de un fondo específico para educación superior como se definió en el Acuerdo.
Respecto a la valoración de las revistas científicas, se han planteado ajustes al modelo establecido para incluir áreas de las ciencias sociales y humanas y las artes, pero no se ha permitido cuestionar el modelo mismo, ni su vinculación con el salario o con la producción autónoma de investigación e innovación. Los criterios del modelo Publindex no son convenientes porque están ligados a la apropiación del conocimiento por parte de empresas transnacionales en el marco del capitalismo cognitivo.
Si bien el financiamiento estable y creciente de las universidades públicas implica una reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, esta decisión, además de expresar una fórmula de asignación de recursos presupuestales, exige repensar las fuentes basadas en recursos fiscales estables, que tengan un incremento progresivo y anticíclico, que no recaigan en el esfuerzo de las familias.
Entre tanto, el Gobierno Nacional avanza con su programa “Generación E”, que implica la profundización del financiamiento de la demanda, a través de los componentes de “Equidad” y “Excelencia”, complementando así las normas sobre la FCI. El primero paga el valor de la matrícula de estudiantes “pobres” aceptados en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, junto con un monto individual para sostenimiento; el segundo ofrece un crédito condonable para el pago de la matrícula de estudiantes “pobres” y “buenos” en las IES acreditadas. Los recursos para funcionamiento e inversión en las IES públicas se ubican en el componente de “Equipo”. Esta política no hace más que seguir avanzando en la transformación del financiamiento de la oferta de
las instituciones públicas a la demanda de los individuos. Esta forma de asignación de recursos públicos reproduce las inequidades por región, etnia y género, mientras impulsa la privatización de la educación superior, al responder al interés de la universidad privada de superar su decreciente número de usuarios.
El fortalecimiento de la tendencia hacia un mercado regulado de educación superior, con financiamiento basado en los ingresos de las familias y subsidio a la demanda de los “pobres”, se inscribe en la implantación del modelo neoliberal de Estado regulador y privatizador, en todos los sectores de la política económica y social de los últimos treinta años, incluidas la reforma laboral y pensional, que está mostrando sus resultados en América Latina y ha sido el motivo de la masiva movilización social en el mundo, no sólo en la región.
Para contribuir a la transformación social y política de esta tendencia, entendemos que la educación superior es un derecho humano social y universal, que permite el acceso al bien común del conocimiento y debe estar al alcance de cualquier ciudadano o ciudadana
sin condición alguna.
Una reforma de la ley 30 debe estar vinculada a estos principios, como política de Estado, a partir de una discusión amplia y profunda sobre el sistema de educación superior en su conjunto. Esto implica repensar las relaciones entre los ámbitos del sistema educativo, esto es, la formación básica, media, técnica, tecnológica, profesional, disciplinaria y artística. Implica profundizar la financiación de la oferta con base en impuestos progresivos e incrementos presupuestales efectivos, y no en el crédito educativo o la parafiscalidad. Implica desarrollar la autonomía universitaria y reorganizar el gobierno institucional. Implica reconocer la diversidad regional, étnica, de género y de capacidades, y organizar el sistema en consecuencia, incluyendo una nueva concepción de calidad y pertinencia de la educación, de praxis pedagógica y de diálogo de saberes.
Un nuevo sistema de educación superior requiere instituciones públicas bien financiadas, con planta docente y administrativa suficientes, basadas en necesidades reales; sustentadas por una infraestructura y una dotación académica adecuadas; respaldadas en programas de bienestar universitario que le garanticen a las comunidades educativas condiciones dignas de vida; articuladas alrededor de políticas de formación, investigación y extensión solidarias y estratégicas, según las necesidades regionales y nacionales.
Un nuevo sistema de educación superior deberá estar articulado íntimamente al sistema de CTeI, con base en el criterio de saberes diversos, autónomos, con pensamiento crítico y de libre acceso. Estos dos sistemas deberán tener como guía el concepto del conocimiento como bien común, para el goce del conjunto de la sociedad y no para la acumulación de riqueza en manos de unos pocos.
La Mesa de Diálogo y sus mesas técnicas no han podido avanzar en este ideario, formulado de tiempo atrás por el movimiento nacional por la educación superior. Por el contrario, se han convertido en una limitante para el movimiento y no han contribuido a avanzar en la construcción de una política pública de educación superior que permita garantizar este derecho humano fundamental.
Expresamos nuestro reconocimiento a los delegados y delegadas a la Mesa de Diálogo y a las mesas técnicas, por la actitud asumida y el trabajo realizado hasta el momento. Esta declaración resalta las limitaciones que este mecanismo de acción colectiva tiene para el movimiento por la educación superior y, por consiguiente, considera que se deben buscar otros caminos para no restringir el horizonte de la transformación frente a la crisis de la educación universitaria, técnica y tecnológica en el país.
Mantener una mesa de diálogo en el actual contexto de represión de todas las formas de protesta social, de la criminalización de estudiantes, líderes sociales, autoridades indígenas, hombres y mujeres, así como la inoperancia frente al genocidio de los indígenas y líderes sociales, resulta insolidario, contradictorio e indigno.
Con base en las consideraciones anteriores, la MANPUP, que reúne profesoras y profesores pertenecientes a doce universidades del país, ha decidido retirar de la Mesa de Diálogo a su “representante de la mesa nacional de profesores UN”, como aparece en el Artículo 4, punto 10, de la Resolución N° 19195 del 14 de diciembre de 2018 del Ministerio de Educación Nacional, que conformó este escenario. En consecuencia, retiramos nuestros delegados de las mesas técnicas.
Convocamos a las plataformas estudiantiles, profesorales y de trabajadores a continuar movilizándonos y a construir juntos una propuesta consensuada sobre una nueva política pública de educación superior, que cuente con la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior pública y con los de las instituciones privadas que estén interesados en contribuir a este proyecto colectivo. Con tal propósito, proponemos realizar, a finales del primer semestre de 2020, un Congreso Nacional de Educación Superior.

Bogotá DC, 5 de noviembre de 2019.