Congreso Nacional de Educación Superior: debates actuales para pensar la universidad pública
Octubre 14, 15, 16 de octubre de 2021 Colombia
Mesa Amplia de Profesoras y Profesores de Universidades Públicas MANPUP
Eje: Financiación del Sistema Universitario Estatal
Hacia un modelo de financiación comprometido con la garantía del derecho a la educación superior y el acceso al bien común del conocimiento
Elaborado por: Comisión académica de la MANPUP
Presentación
El modelo de financiamiento del sistema de educación superior en Colombia y en el mundo, no es solamente un asunto técnico. Es el resultado político de la manera como se institucionaliza históricamente cierta correlación de fuerzas y ciertos valores predominantes sobre la educación en la sociedad y el Estado nacional.
La organización del sector educativo es muy diferente si el sistema en su conjunto es financiado por el Estado a través de recursos fiscales (impuestos) que permiten mantener instituciones de puertas abiertas (financiamiento de la oferta), que si se trata de un sistema financiado por venta de servicios académicos por parte de las instituciones para acceder a parte de los ingresos de las familias, o extendiendo el crédito educativo (financiamiento de la demanda). El modelo de financiamiento condiciona la oferta pública o la competencia de instituciones en un mercado abierto, más o menos regulado.
El financiamiento no es un fin en sí mismo. Aunque la crisis del Sistema Universitario Estatal convierte los asuntos presupuestales en una prioridad, no se puede desconocer que el modelo de financiamiento que se instaure depende del sentido y principios que orientan el campo de la educación superior. Si se defiende la educación superior como un derecho y un bien común al cual se debe acceder universalmente en las mejores condiciones de calidad, el modelo de financiamiento basado en la oferta pública soportada en impuestos, es la alternativa más coherente y efectiva.
El vínculo que se establece entre el sentido de la educación superior y el modelo de financiamiento que le brinda soporte, reitera que la manera como se configura el presupuesto de la educación superior es un problema político y no únicamente un asunto técnico. Colombia ha desarrollado un modelo mixto, en el que cada vez más se destinan recursos fiscales (impuestos) para financiar el crédito educativo y el subsidio a la demanda de estudiantes que demuestren ser pobres y dedicados, a expensas del financiamiento de la oferta. Paradójicamente, en este modelo los recursos públicos sirven para acelerar el proceso de privatización que se contrapone a la idea de garantizar la educación superior como derecho y bien común.
Además de las lógicas de exclusión que este proceso privatizador implica, también son notorias las desigualdades que se producen en materia de acceso, permanencia y culminación de estudios para los sectores desfavorecidos socio-económicamente, las mujeres, las personas con pertenencia étnica, las y los jóvenes provenientes del sector rural y las personas que reportan algún tipo de discapacidad permanente. Problemáticas que se han intentado ocultar con los discursos y valores de la “igualdad de oportunidades”, la “competencia equitativa”, y la canalización de los recursos hacia los “más pilos”.
La crisis de sentido, la asfixia financiera, las exclusiones y las desigualdades que caracterizan a la educación superior en Colombia, llevaron a una nueva movilización en 2018 que condujo a la conformación de una supuesta “Mesa de Diálogo” con el actual gobierno, en la que se incrementaron los recursos de funcionamiento e inversión para instituciones públicas, y se acordó la discusión de propuestas para la reforma de la regla de financiamiento del Sistema de Universidades Estatales (SUE) definida en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. En el mismo sentido, se concertó discutir una reforma “estructural” del ICETEX, como la entidad que concentra el modelo de crédito educativo y subsidio a la demanda para estudiantes pobres. Aspectos que al día de hoy, no han sido cumplidos por el Gobierno nacional.
En julio de 2018 se aprobó la Ley 1911, “Por medio de la cual se crea la contribución solidaria a la educación superior y se dictan otras disposiciones sobre los mecanismos y las estrategias para lograr la financiación sostenible de la educación superior”. La “contribución solidaria” no es otra cosa que el modelo de Financiación Contingente al Ingreso (FCI), esto es, una para-fiscalidad obligatoria entre el 12% y el 19% para pagar el crédito educativo otorgado, similar al pago de la seguridad social, que deberán hacer las y los egresados y sus familias, una vez inicien su vida laboral, para cancelar el crédito adquirido con el Estado para acceder a la educación superior ofrecida por instituciones en competencia abierta. Todo ello en un contexto en el que el programa gubernamental “Generación E” mantiene los principios generales de “Ser Pilo Paga”, genera más presión para el aumento de los recursos propios de las universidades públicas y reproduce lógicas de desintegración y competencia entre las mismas.
Con base en lo anterior, el país se encuentra en un momento crucial: o se revierte la pérdida del financiamiento de la oferta por medio de un modelo alternativo que garantice la educación superior como un derecho y un bien común superando las limitaciones de la fórmula de la Ley 30 de 1992, o se profundiza el modelo privatizador y mercantil existente mediante el fortalecimiento del ICETEX y la puesta en marcha de la Ley de FCI para la educación superior. La tendencia futura dependerá de la correlación de fuerzas entre sectores de la sociedad, más o menos organizados, que asuman posiciones diferentes respecto a la crisis expuesta, con base en ciertos valores sobre el papel de la educación superior en la sociedad.
En el marco del malestar expresado en tiempos recientes en la sociedad colombiana, se deriva la necesidad de profundizar en el debate político, ético, conceptual y técnico sobre el modelo de financiación de la educación superior, para construir alternativas a la tendencia que ha predominado en el país, y que avanza hacia la consolidación del mercado educativo y la reproducción de desigualdades y exclusiones, que explican parte de las violencias y la profunda conflictividad existente.
Preguntas orientadoras
- ¿Cuáles han sido las tendencias de la financiación de la educación superior en América Latina y en el mundo?
- ¿Cuáles son las características de los modelos de financiamiento que han surgido en el marco de los regímenes neoliberales y neoconservadores?
- ¿Cuáles son los efectos e impactos producidos por la puesta en marcha de la Ley 30 de 1992 y de los programas de financiamiento implementados en Colombia durante los últimos 20 años?
- ¿Cuáles deberían ser los principios y objetivos de un modelo alternativo de financiamiento para la educación superior en Colombia?
- Desde el punto de vista de las experiencias latinoamericanas ¿Cuáles son las condiciones políticas y sociales que han facilitado la implementación de modelos de financiamiento de la educación superior, reconociéndola como un derecho fundamental?
Objetivo
Analizar críticamente el modelo actual de financiamiento de la educación superior en Colombia en cuanto a sus principios, características, objetivos y efectos, con el fin de proponer alternativas para una reforma estructural que convierta a la educación superior en un derecho y bien común.
Principios
- Establecer un modelo de financiamiento que garantice el acceso gratuito y universal a la educación superior y al bien común del conocimiento, renunciando a principios de focalización y acceso restringido basados en criterios meritocráticos y en la capacidad de pago de los estudiantes y sus familias.
- Promover un modelo de financiamiento que trascienda las metas asociadas a los aumentos de cobertura, y que asegure el cumplimiento adecuado de todas las funciones misionales de la universidad pública: docencia, investigación y diálogo con la sociedad y los territorios.
- Incrementar la participación de la formación investigativa en el total de la matrícula en educación superior, revirtiendo el fortalecimiento observado en los segmentos de formación para el trabajo y abriendo posibilidades de integración estratégica de las universidades públicas del país con el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Priorizar y fortalecer el financiamiento a la oferta sobre los mecanismos de financiamiento a la demanda, acudiendo a impuestos del presupuesto nacional y de los entes territoriales, y renunciando a los modelos de financiación sustentados en el crédito educativo y la parafiscalidad.
Temas del eje
- Experiencias y tendencias de la financiación de la educación superior en América Latina, Asía, Estados Unidos, África y Europa.
- Financiación, derecho a la educación superior y desigualdades.
- La financiación de la educación superior en el marco de gobiernos neoliberales y neoconservadores.
- Balance de los efectos de la Ley 30 de 1992 y de las políticas de financiación implementadas en Colombia en los últimos veinte años, y sus efectos sobre las funciones misionales de la universidad pública.
- Propuestas alternativas para el financiamiento de la educación superior y su vinculación con otros sistemas educativos y el sistema de ciencia, tecnología e innovación.
- Análisis de las fuentes de financiación en el contexto del régimen político descentralizado y el cierre de brechas regionales.
- Condiciones políticas y sociales para la implementación de modelos alternativos de educación superior en el marco de la autonomía universitaria.