Decálogo

Se requiere una transformación profunda de la educación superior en Colombia

Desde el movimiento universitario de 2018 se conformó la MANPUP, como un espacio de encuentro para la construcción de alternativas a la situación inaceptable que vive la educación superior en el país, para lo cual propuso un decálogo de ideas orientadoras. En octubre de 2021, la MANPUP realizó un congreso nacional universitario en el que se presentaron diferentes propuestas que se recogen aquí, con el ánimo de ofrecer una ruta de transformación de la educación superior que aporte al debate electoral que se desarrolla en la actual coyuntura crítica del país.

Problemas estructurales El modelo de educación superior desarrollado desde la ley 30 de 1992 combina la oferta pública (presupuestos) con el financiamiento de la demanda (crédito y subsidio para pobres). En este marco, todos los gobiernos han optado por aumentar el segundo a expensas de la primera. Esta ruta ha llevado a una progresiva privatización de la educación superior en la cual se ha fortalecido un mercado de competencia entre instituciones privadas y públicas, que ha obligado a la adaptación de estas últimas a una lógica empresarial de autosostenibilidad por la venta de servicios académicos. En este contexto, la calidad y la pertinencia en la educación se ha confundido con la estandarización de programas e instituciones para la acreditación y con la articulación de egresados a un mercado de trabajo sometido a la reprimarización, la financiarización y la desindustrialización de la economía, en el marco de la división mundial del trabajo impuesta por el capitalismo cognitivo y la globalización neoliberal. Las articulaciones entre el sistema de educación superior y el de ciencia, tecnología e innovación hoy no existen, como consecuencia de una lógica de competencia por los recursos en uno y otro sistema, que no permite construir autonomía desde la complementariedad para afrontar problemas locales, regionales y nacionales. Este modelo ha generado un acceso muy limitado y desigual a la educación superior, cuya calidad depende de la capacidad de pago o endeudamiento de las familias y del subsidio para pobres seleccionados. De esta forma, se han profundizado las desigualdades sociales acumuladas de clase social, etnia-raza, género y región, al tiempo que se desconocen las nuevas y diversas sensibilidades, subjetividades y territorialidades que constituyen la sociedad colombiana contemporánea. Frente a la inconformidad expresada por los y las jóvenes, se sigue respondiendo con violencia y con la criminalización de la protesta y del pensamiento crítico. Las soluciones a esta situación han resultado funcionales al modelo de desarrollo y no han resuelto esta problemática. Con la política del gobierno actual, denominada “Generación E”, los pocos recursos públicos se distribuyen en menor proporción en infraestructura y funcionamiento de instituciones públicas y siguen orientándose hacia el subsidio para pobres, bien sea por el programa “ser pilo paga” ajustado o por el pago de la matrícula subvalorada a instituciones públicas. Entre tanto, fluyen cada vez más recursos para el endeudamiento de las familias, aunque se hagan ajustes a las reglas del banco de segundo piso en el que se ha convertido el ICETEX. Poco a poco avanza el modelo de “financiación contingente al ingreso”, que no es otra cosa que un endeudamiento universal de individuos que quedan obligados a pagar por medio de una parafiscalidad, parecida a la seguridad social, cuando tienen algún ingreso. Ruta de transformación profunda El punto de partida consiste en considerar que la educación superior es un derecho humano mediante el cual se accede y se construye el bien común y diverso del conocimiento de manera colectiva. Por ello, la educación superior debe estar al alcance de cualquier ciudadano o ciudadana sin condición alguna, como política de Estado, independiente de la capacidad de pago, el mérito, el género, la etnia-raza o el territorio. Aunque sea universal, la educación debe ser diversa, capaz de reconocer las diferencias de los sujetos, los colectivos y sus territorialidades, y de construir conocimiento desde esa diversidad. Lo anterior implica construir un pacto social y político amplio e incluyente para superar la lógica individualista que sustenta el financiamiento de la demanda por medio del crédito educativo o del financiamiento contingente al ingreso, y pasar a un modelo progresivo de financiamiento de la oferta institucional, acorde con el acceso gratuito, universal y diverso a la vez, para la superación de las inequidades acumuladas. Esto es factible si se define una regla estable de incremento del presupuesto de las instituciones públicas, con base en impuestos progresivos y de destinación específica. Esto implica, en primer lugar, construir acuerdos sociopolíticos sobre una fiscalidad que retire los privilegios y exenciones a los más ricos y piense en nuevas fuentes, como los impuestos a la riqueza, a los dividendos o a las ganancias del sector financiero. En segundo lugar, implica reconocer los costos reales del cumplimiento de las funciones misionales de las instituciones (docencia, extensión, investigación-innovación) y del bienestar universitario, y acordar un incremento progresivo de los presupuestos según el índice de costos de la educación superior, con metas atadas a la superación de inequidades y a la complementariedad entre instituciones, desde una perspectiva territorial-regional. Un sistema de educación superior nacional y regionalizado es necesario y urgente. Su pertinencia está en su contribución para resolver problemas del país desde una concepción inspirada en el bien común, a partir de pedagogías que permitan el intercambio de saberes y el reconocimiento de racionalidades y sensibilidades diversas y complejas. Desde la idea de región es posible construir acuerdos democráticos sobre los problemas prioritarios del territorio, la superación del conflicto armado, el respeto y la defensa de los derechos humanos en el posacuerdo y la construcción de paz. Esto implica trabajar en experiencias educativas que atiendan a los relatos de dolor y resistencia, a las garantías de no repetición, a la reparación integral desde enfoques plurales y contribuyan al tránsito de culturas de guerra a culturas de paz, por medio de procesos formativos para la transición, no solo jurídica y política, sino, urgentemente, ética. Es en la convergencia entre comunidades universitarias y las diferentes formas de cuidado de la vida que existen en la sociedad colombiana que se pueden superar las inequidades, al tiempo que se construyen nuevas maneras de ser y de vivir, autónomas y soberanas en el mundo interdependiente de hoy, desde la complementariedad de saberes y no desde la competencia entre instituciones e individuos. Una financiación pública suficiente contribuye a realizar el mandato constitucional de la autonomía universitaria, en la medida en que no se dependa de la venta de bienes y servicios académicos al mejor postor. La autonomía se expresa en la autodeterminación y en la libertad de enseñanza y de pensamiento, amenazadas en los últimos años por los intentos de establecer límites a los contenidos de la educación. Para ello se requiere que el sistema de educación superior sea democrático, con instituciones capaces de definir su rumbo, de elegir sus autoridades y de incidir en el debate y la definición de políticas públicas; una democracia académica que reconozca la diversidad humana y construya desde ella, como el mejor aporte del sistema de educación superior a la construcción de paz; y una institucionalidad no patriarcal, abierta a múltiples saberes culturales, a una nueva relación sociedad-naturaleza y a un lugar estratégico de la estética, junto a las ciencias y las profesiones. Cada uno de estos aspectos pueden ser ampliados con todo detalle. Pero es el debate público y abierto el que permitirá superar un estado de cosas que se sostiene en la conveniencia para unos pocos a costa de la exclusión y el sufrimiento de muchos. Un cambio de rumbo no depende solo de un gobierno. Es un resultado de una sociedad que construye nuevos modos de vida y obliga a transformaciones profundas de una institucionalidad injusta y excluyente, como la que existe en Colombia.

Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores de Universidades Públicas – MANPUP Febrero de 2022

Decálogo para un pacto por la educación superior pública 2018

Creemos que la educación superior no es una mercancía ni un bien de uso privado. Es un derecho humano y social universal que permite el acceso al bien común del conocimiento.
Pensamos que la educación superior debe estar al alcance de cualquier ciudadano o ciudadana sin condición alguna, como política de Estado. El criterio de premiar el mérito para acceder a la educación superior reproduce la inequidad acumulada en la sociedad.
Consideramos que para lograr el acceso universal a la educación superior es mejor financiar la oferta con base en impuestos, que financiar la demanda con base en crédito educativo. Esto último no hace más que endeudar a las personas y a las familias, estimular el incremento de las matrículas en instituciones públicas y privadas, y reproducir las inequidades de género, etnia, clase y región.
Sabemos que se requieren cerca de 18,2 billones de pesos, según el presidente del SUE, para superar el déficit acumulado en las universidades públicas. Y un tanto más para ampliar el acceso a la educación superior de quienes hoy son excluidos de ella.
Afirmamos que los recursos necesarios deben ir a la oferta de las instituciones públicas para cubrir los costos de una educación de calidad, esto es: a. Ampliación de la planta docente y administrativa. b. Infraestructura y dotación adecuadas. c. Bienestar universitario. d. Investigación y extensión solidaria estratégicas según necesidades regionales y nacionales.
Estamos convencidos de que los recursos públicos deben provenir de impuestos generales progresivos con destinación específica, basados en un pacto social y político, a través de mecanismos como, por ejemplo: a. Derogación de beneficios tributarios a grandes capitales o empresas. b. Impuesto a la riqueza. c. Impuesto a los dividendos. d. Impuesto al sector financiero.
El país necesita un sistema de educación superior estatal (SUE) regionalizado, abierto a la diversidad de saberes de un país pluriétnico y multicultural, adecuado por las necesidades diversas de las regiones y a la sustentabilidad, basado en trabajo complementario, interinstitucional y solidario en red entre instituciones universitarias nacionales y regionales, y entre instituciones universitarias e instituciones de formación técnica y tecnológica, articulado al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Requerimos un sistema de ciencia, tecnología e innovación bien financiado, como política de Estado, en diálogo estratégico con el sistema de educación superior y con las necesidades nacionales y regionales, con articulaciones solidarias entre las instituciones y sin competencia entre ellas por convocatorias.
Creemos en universidades e instituciones públicas democráticas y autónomas, capaces de definir su rumbo y de elegir sus autoridades.
Queremos una sociedad más justa y en paz, que priorice la educación y el conocimiento sobre la guerra, y creemos que es posible construirlo desde la sociedad toda.

Agradecemos el apoyo de todos los partidos políticos a este movimiento de la comunidad universitaria, reiterando que este movimiento no tiene ninguna filiación política particular. Bogotá, octubre 11 de 2018.