Decálogo

Decálogo para un pacto por la educación superior pública

  1. Creemos que la educación superior no es una mercancía ni un bien de uso privado. Es un derecho humano y social universal que permite el acceso al bien común del conocimiento.
  2. Pensamos que la educación superior debe estar al alcance de cualquier ciudadano o ciudadana sin condición alguna, como política de Estado. El criterio de premiar el mérito para acceder a la educación superior reproduce la inequidad acumulada en la sociedad.
  3. Consideramos que para lograr el acceso universal a la educación superior es mejor financiar la oferta con base en impuestos, que financiar la demanda con base en crédito educativo. Esto último no hace más que endeudar a las personas y a las familias, estimular el incremento de las matrículas en instituciones públicas y privadas, y reproducir las inequidades de género, etnia, clase y región.
  4. Sabemos que se requieren cerca de 18,2 billones de pesos, según el presidente del SUE, para superar el déficit acumulado en las universidades públicas. Y un tanto más para ampliar el acceso a la educación superior de quienes hoy son excluidos de ella.
  5. Afirmamos que los recursos necesarios deben ir a la oferta de las instituciones públicas para cubrir los costos de una educación de calidad, esto es:
    a. Ampliación de la planta docente y administrativa.
    b. Infraestructura y dotación adecuadas.
    c. Bienestar universitario.
    d. Investigación y extensión solidaria estratégicas según necesidades regionales y nacionales.
  6. Estamos convencidos de que los recursos públicos deben provenir de impuestos generales progresivos con destinación específica, basados en un pacto social y político, a través de mecanismos como, por ejemplo:
    a. Derogación de beneficios tributarios a grandes capitales o empresas.
    b. Impuesto a la riqueza.
    c. Impuesto a los dividendos.
    d. Impuesto al sector financiero.
  7. El país necesita un sistema de educación superior estatal (SUE) regionalizado, abierto a la diversidad de saberes de un país pluriétnico y multicultural, adecuado por las
    necesidades diversas de las regiones y a la sustentabilidad, basado en trabajo complementario, interinstitucional y solidario en red entre instituciones universitarias nacionales y regionales, y entre instituciones universitarias e instituciones de formación técnica y tecnológica, articulado al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
  8. Requerimos un sistema de ciencia, tecnología e innovación bien financiado, como política de Estado, en diálogo estratégico con el sistema de educación superior y con las necesidades nacionales y regionales, con articulaciones solidarias entre las instituciones y sin competencia entre ellas por convocatorias.
  9. Creemos en universidades e instituciones públicas democráticas y autónomas, capaces de definir su rumbo y de elegir sus autoridades.
  10. Queremos una sociedad más justa y en paz, que priorice la educación y el conocimiento sobre la guerra, y creemos que es posible construirlo desde la sociedad toda.

Agradecemos el apoyo de todos los partidos políticos a este movimiento de la comunidad universitaria, reiterando que este movimiento no tiene ninguna filiación política particular.

Bogotá, octubre 11 de 2018.