HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL GOBIERNO UNIVERSITARIO
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA)
El tema general de la democracia como forma histórica y paradigmática de gobierno y el más específico de la democracia universitaria tienen como elemento básico en común, el principio de autonomía de la colectividad a la que se hace referencia. La importancia de dicho factor está relacionada con el hecho de que, en la modernidad, el gobierno, entendido como la actividad sociopolítica relativa a la definición de fines colectivos y a la orientación de grupos humanos, se halla condicionado por la capacidad para ser auto-nomos o, en otros términos, por la capacidad para establecer la norma propia. En las universidades, esta comprende la autodeterminación académica, presupuestal, administrativa y misional. Dentro del campo académico, la noción de autonomía gubernativa apunta a asegurar la independencia de los procesos de producción del saber con respecto a las dinámicas políticas más amplias que involucran la organización del poder en una sociedad. Las preguntas de fondo que revelan la inextricable relación existente entre el gobierno y la autonomía universitarios podrían formularse de la manera siguiente: ¿Quién debe orientar y dirigir la producción de saber? ¿Los entes académicos por sí mismos o los poderes económicos, políticos o culturales?
De otra parte, el nexo entre la democracia y la autonomía se entrelaza de manera ineludible con la problemática más específica del autogobierno, pues difícilmente una colectividad podría darse su propia norma sin gobernarse a sí misma. En el caso de las instituciones universitarias, el autogobierno ––entendido como el gobierno ejercido por los/as miembros de la comunidad académica en favor de todos/as–– remite al momento constituyente en que se logran e institucionalizan acuerdos básicos, mediante la organización de cuerpos asamblearios incluyentes y soberanos. Sin embargo, en la medida en que estas instancias presentan una composición heterogénea, pues están conformadas por profesores/as, estudiantes, egresados/as y trabajadores/as administrativos/as, con diferentes concepciones sobre el conocimiento y la política, el autogobierno debe traducirse en el ejercicio de un cogobierno por parte de dichos actores. Si el autogobierno connota la configuración y el establecimiento de acuerdos, el cogobierno se refiere a los conflictos y las correlaciones de fuerzas entre los integrantes de la comunidad universitaria alrededor de su funcionamiento interno y de las reglas que rigen las instituciones. Esta tensión solo puede encontrar una resolución pacífica y participativa mediante una apertura hacia la democracia, pues tal forma de gobierno se presenta como el escenario idóneo para el diálogo de saberes, el debate y la discusión ilustrada que caracterizan la academia. Constituye el camino más adecuado para conseguir acuerdos que posibiliten la unidad en torno a fines comunes, tales como el sentido cultural y científico de un país y la formación de ciudadanos activos, libres y solidarios.
No obstante, las posibilidades de una ampliación democrática en la vida universitaria se enfrentan con los efectos de las tendencias privatizadoras que caracterizan la etapa actual del proceso de mundialización económica. Este último fenómeno conlleva una redefinición de las fronteras entre el modo de gobierno jerárquico y representativo, personificado por el poder político-administrativo del Estado, y el modo de gobierno sistémico ejercido por el mercado, en favor de este último. Se habla del mercado como modo de gobierno, porque considerado desde un punto de vista político resulta ser una forma de conducir relaciones humanas con base en los automatismos que reproducen un estado de cosas y se apropian de la vida misma. Dicho en palabras más simples, el mercado impone, más allá de la esfera de lo puramente económico, su lógica de interacciones de oferta y demanda que se materializan como condicionantes de las relaciones sociales y de valores culturales que se internalizan. Como trama interactiva, despersonaliza la dominación en los diferentes ámbitos que permea, pero no la suprime, sino que la convierte en una relación dependiente del dinero. Como complejo valorativo, impone una racionalidad basada en el cálculo de medios y fines, en la competencia, en la maximización de la utilidad y en el uso del lenguaje como forma técnica y vacía que se limita a ser un instrumento comunicativo.
La implantación del mecanismo gubernativo del mercado en la Universidad Nacional de Colombia se intensificó con el nuevo milenio y su manifestación es proteica: adopción de procesos internos de gestión administrativa provenientes del management privado, jalonados por un criterio «eficientista» que constituye un fin en sí mismo y al cual terminan siendo subsumidos los deberes misionales. Esto ha llevado a la concentración del poder decisorio en manos de una tecnocracia administrativa. En el contexto de la desfinanciación de la universidad pública, utilizada como mecanismo de presión para promover un funcionamiento dependiente de los «recursos propios», implica la conversión parcial de las facultades e institutos en empresas vendedoras de «servicios académicos», sin que importe su orientación y pertinencia. Una parte del profesorado ha debido transformarse en hombres/mujeres de negocios especializados en el comercio de tales servicios. Asimismo, se han profundizado las disparidades económicas y presupuestales entre las facultades, derivadas del valor que tiene el tipo de servicio académico que ofrecen en el mercado. De esta forma, se ha deteriorado la solidaridad institucional, al castigar las áreas y los campos de conocimiento
donde las «mercancías académicas» tienen menor demanda comercial.
Ante la espada de Damocles de la privatización y la tecnocratización en curso, la mejor manera de volver por la senda fundacional de lo público-académico en la Universidad Nacional de Colombia, consiste en democratizar y descentralizar sus procesos de toma de decisiones, gestión y debate interno. Este objetivo tiene como precondición la apertura a la participación y al cogobierno de todos y cada uno de los segmentos que componen la vida académica: estudiantes, profesores/as, trabajadores/as administrativos/as y egresados/as. En tales condiciones, el discurrir simultáneo, por una parte, de las diferencias y disensos que surjan entre ellos y, por la otra, de la unidad en torno a los intereses e identidades compartidos, deriva en una red dialógica gubernativa orientada a la realización de los fines públicos que le han sido asignados a la Universidad por la nación colombiana. En lo inmediato, al margen de una reforma legal de la composición del Consejo Superior Universitario, la cual no depende solo de la comunidad universitaria, son varias las medidas que se pueden tomar para avanzar en el camino de la democratización académica, académico-administrativa y financiera de la Universidad Nacional de Colombia. En esa dirección, cabe mencionar las siguientes:
- Nombramiento reglado del/a rector/a, decanos/as y directores/as de los institutos interfacultades o inter-sedes de los departamentos y escuelas, mediante el voto ponderado de los miembros de la comunidad universitaria, acompañado por la reflexión y decisión colectivas sobre la pertinencia de la revocatoria del mandato.
- Reconfiguración del Consejo Académico de tal manera que la mayoría de sus miembros sean representantes elegidos por la comunidad universitaria.
- Reforma de la composición de los consejos de facultad, de tal forma que los representantes de la comunidad universitaria: profesores, estudiantes, egresados y trabajadores, constituyan la mayoría de sus miembros.
- Otorgamiento de poder decisorio o consultivo a los claustros y colegiaturas, reformados para que respondan a la orientación de los consejos o asambleas de los departamentos, las
escuelas, los institutos y las facultades, de acuerdo con los criterios siguientes:- a). La iniciativa de las reformas estatutarias, académicas y administrativas y los mecanismos de evaluación de la calidad y pertinencia deben estar en cabeza del/a Rector/a, el Consejo Académico o la Colegiatura Nacional, en este caso con el voto favorable de la mayoría absoluta de los asistentes.
- b). La aprobación de los planes de desarrollo institucional deben contar con el voto mayoritario de los asistentes a la Colegiatura Nacional, las Colegiaturas de Sede o los
Claustros de las Facultades, de conformidad con el nivel respectivo. - c) La aprobación del presupuesto y la creación o supresión de programas académicos requieren de la consulta previa a la Colegiatura Nacional
Julio Rafael Quiñones Páez
Leopoldo Múnera Ruiz
Profesores de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Integrantes del grupo promotor de Bien ComÚN
Bogotá D.C., 4 de mayo de 2023
Documento completo en pdf Democracia (DF)
xurl.es/EstatutoAsambleario